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NO a una Ley de Propiedad Intelectual innecesaria y regresiva
Una iniciativa de la comunidad creativa y el sector de la Cultura en España
Declaración
Los artistas, autores, editores y productores audiovisuales y musicales españoles

somos trabajadores de la cultura y el entretenimiento y formamos parte de una industria que en su conjunto emplea a cerca de 500.000 profesionales y contribuye al PIB en un 3,5 %. Somos un sector internacionalmente competitivo, estratégico para el desarrollo cultural y económico de España, su cohesión social y su proyección internacional. La propiedad intelectual es la clave de bóveda que protege a la comunidad creativa y garantiza una relación justa y eficiente con los millones de usuarios que utilizan las obras, interpretaciones y producciones, para desarrollar una oferta cultural que está en el ADN de nuestro país. La calidad, variedad y atractivo de la cultura española nos sitúa en un lugar preferente y muy bien valorado en el mundo y ha hecho de España una potencia cultural.

Despreciando todo ello, la Ley Lassalle, de aprobarse en su redacción actual, cercenará gran parte de nuestro potencial, forzará una injusta reducción de la renta de artistas, autores, editores y productores, seguirá destruyendo empleo en un sector que perdió 25.000 puestos de trabajo solo en 2013, y castigará nuestra expansión cultural en el exterior al romper los acuerdos de reciprocidad con los creadores de todo el mundo, cuyos derechos estarán peor protegidos en España.

Este Gobierno ha impuesto una regulación de la copia privada arbitraria e injusta, contraria al modelo promovido por la Unión Europea, que ahora pagan todos los ciudadanos españoles con sus impuestos, vía Presupuestos Generales del Estado, y solo favorece a los fabricantes de teléfonos, tabletas y reproductores multimedia. La ridícula cantidad asignada por el gobierno, además de despojar de sus ingresos a los titulares de los derechos, ha impedido que las entidades de gestión mantengan sus programas de educación, formación, circuitos de actuación, asistencia social, sociosanitaria y de promoción de nuestra cultura en España y en el extranjero. Es una regulación perjudicial no solo para los creadores sino para todos los ciudadanos, que pagan el grave error que el Gobierno cometió cuando cambió el método para regular la copia privada sin ajustarse a lo establecido por la Justicia europea.

Por otra parte, el proyecto de ley no aporta una solución eficaz al grave problema de la piratería, justo cuando la nueva Comisión Europea apuesta fuerte por los contenidos como

elemento clave para el desarrollo de la economía digital. La competitividad española dependerá de fomentarlos y desarrollarlos mediante una oferta legal que no se vea lastrada por la vulneración de derechos en la red.

El proyecto de ley limita injusta e injustificadamente la capacidad de los titulares de derechos de propiedad intelectual para negociar el valor de su trabajo, imponiendo reducciones abusivas en las tarifas, lo que empobrecerá durante años a los que tienen que percibir ingresos por sus derechos, que están garantizados en el resto del mundo pero en España no.

Hasta hoy, la tramitación de la reforma ha eludido el consenso político prometido por el  Gobierno, y ha rechazado una negociación constructiva con los legítimos representantes de los artistas, autores, editores y productores españoles y del resto del mundo por reciprocidad. La Secretaría de Estado se ha sometido a las peticiones de grupos de presión, cuyo mayor interés es pagar menos o nada por las obras, interpretaciones y producciones que tan lucrativamente explotan, despreciando el respeto al derecho y al trabajo, y el interés y valor esencial de la cultura en España.

Por todo ello

1. Pedimos la retirada del proyecto de ley, ya que el texto aprobado por el Congreso es regresivo, nos aísla de  Europa,  destruye nuestros derechos y no  tiene ni el apoyo de los legítimos titulares ni el consenso exigible a una ley de esta envergadura, y que se abra un proceso de debate con la participación de todos los sectores, y con los estudios técnicos necesarios para hacer la Ley de Propiedad Intelectual deI siglo XXI que necesitamos.

2. Rechazamos la actual redacción del proyecto de ley y las insuficientes y parciales enmiendas presentadas  por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

3.  Y pedimos a la vicepresidenta del Gobierno su implicación directa en una reforma que ha sido usurpada por otros ministerios en detrimento de la  cultura y los derechos de propiedad intelectual y que llevará a la comunidad creativa y a la industria cultural a su destrucción.

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